Y esa verdad no constituye una animadversión contra la persona de Uribe, a quién simplemente se le exige, como a cualquier ciudadano, el deber de cumplir la ley, que en su condición de Presidente de la República resulta más que un deber.
Pero el gobierno tiene una inmejorable razón para ejercer la reticencia: sabe que la libre operación de la justicia en torno a la ‘parapolítica’, conduciría irremediablemente al Presidente de la República.
Lo que tendríamos que reconocer, en principio, es que aquí no hay ‘pelea’, sino un franco intento, por parte del gobierno, de obstruir la acción de la justicia. Así de simple. El único llamado posible, por tanto, es al Presidente de la República, porque él es el problema. Al menos su cabeza visible en la coyuntura.
Y si alguna vez hubo posibilidad de dialogo, en el marco de la natural y necesaria relación entre los poderes del Estado, el Presidente mismo se ha encargado de clausurarlo con improperios y astucias de la más baja calaña.
Pero claro, siguiendo la tradición colombiana, el actual gobierno se ha negado a dar su brazo a torcer, acusando a sus antecesores de los mismos delitos que ahora se le imputan.
Así, la fuerza moral de Uribe no reside en la ética ni la ley, sino en el chantaje.
Y armado hasta los dientes con un intimidatorio arsenal de información acerca de las relaciones de políticos, empresarios, terratenientes y medios de comunicación, ¿porqué no arriesgar un proyecto de ‘refundación de la patria’ desde la Presidencia de la República?.
Con semejantes aliados, ¿quién se atrevería a impugnarlo?. Y si lo hubiese, ¿quién no le colaboraría en el extermino físico o moral del atrevido que pone en riesgo el pacto?...
Uribe es el eslabón más alto de la cadena de compromisos mafiosos que ha capitaneado nuestra sociedad en las últimas décadas.
De secretos dinamizadores de la economía y financiadores de campañas políticas, decidieron, finalmente, confiar sólo en sí mismos, tomándose al Estado para legalizar definitivamente sus actuaciones, auto-enjuiciándose con penas irrisorias, escriturando bienes y tierras ajenas, quemando archivos y expedientes, intercambiando títulos de propiedad de helicópteros, asesinando informantes y antiguos amigos, y, claro, arrinconando a los jueces.
Y todo a un costo irrisorio: descuadernando (más, mucho más) al Estado.
Pero seamos prácticos alguna vez en la vida:
Al margen del prontuario personal de Uribe – que el Rey Juan Carlos, Chávez y la CIA conocen perfectamente, menos los encuestados en el país, parece –, y antes de reprocharle el sometimiento del país a la desobligante defensa del paramilitarismo desde la Presidencia, preguntémonos:
¿Será la ‘parapolítica’ en el poder lo que efectivamente necesita el país para dar un salto hacia delante?.
Es decir: ¿aplicamos la ley o nos seguimos haciendo los locos?...
■ ¿CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL?
Para los defensores de Uribe, sin embargo, no hay tal disyuntiva. Todo es una conspiración para tumbar al Presidente, un ‘complot’ gestado por parte de dos grupos:
El primero, interesado en disputarle al actual gobierno un pedazo de la torta de los recursos públicos, le formula acusaciones falsas a Uribe desde una oscura tramoya burocrática – es lo que afirma Fernando Londoño.
El segundo grupo, integrado por personas de ideología contraria a la del Presidente, son guerrilleros que han logrado colonizar, incluso, la Corte Suprema de Justicia, con el firme propósito de imponer en el país un temible modelo comunista, para lo cual necesitan la cabeza del Presidente – es lo que dicen Plinio y Andrés.
Y habría que decir en este punto que, si así fuera, los debates burocráticos e ideológicos hacen parte del transcurso normal de una democracia, que no de otra manera se fortalece y testifica su buena salud.
Pero en el caso de Uribe no se trata de eso.
Con el actual gobierno son imposibles las discusiones programáticas, ideológicas o de política pública, pues, mientras esté en entredicho su legalidad, la dedicación exclusiva de Uribe es cuidar de las potenciales fisuras del amplio tejido de ‘parapolíticos’, agentes de la fuerza pública, altos y medios mandos de las Auc, hermanos de Ministros, y un largo etcétera de voces que en cualquier momento pueden iniciar un hondo canto.
De ese tamaño es la paranoia y la estresante tarea del gobierno para mantener su ‘teflón’. Mientras las operaciones, los ‘positivos’ y los adversarios a insultar y demonizar, comienzan a escasear en Palacio.
Uribe ni tiene tiempo ni le interesa ejercer una racional interpretación de la ley, que no sería otra cosa que un harakiri. Su única alternativa es reformarla y debilitarla en pleno juicio a sus compañeros de ‘refundación’, antes de que la luz apunte a la Casa de Nariño.
Mejor promover conspiraciones, polarizar, favorecer el crispamiento ciego que hasta hoy ha sido el alimento perfecto de las encuestas con las cuales Uribe gobierna.
En ese marco, la búsqueda de interlocutores internacionales para abordar el atropello masivo a los derechos humanos en Colombia, no sólo es un recurso jurídico absolutamente legítimo en un mundo global, sino necesario en el caso colombiano.
Aunque han llegado tarde la Corte Penal Internaciona y la ONU, y carezcan, en efecto, de las herramientas de policía judicial que garanticen la efectiva aplicación de sus sentencias, su presencia en el país sí constituye una fuerza moral que, por lo menos, ya no podrá ser estigmatizada como terrorista. Y eso es bastante, casi todo.
Completamente desarmadas, para desilusión del gobierno, la CPI y la ONU son la garantía de que primarán los argumentos legales y la transparencia que el gobierno tanto teme y abomina.
Muy, pero muy bienvenidas.
■ LA DELINCUENCIA PARA-DÓJICA
Sin dejar de amenazar con la delación, el chisme y su ‘cartel de testigos’, el gobierno nos propone que aceptemos (otra vez y siempre) el ‘tapen-tapen’, el ‘hacernos pasito’, el mentir, mentir y mentir con el que hasta hoy hemos ‘preservado la institucionalidad’ y ‘los altos intereses de la patria’.
Y muy bonita la Patria que hemos construido admitiendo a los carteles de la droga en nuestras mesas, a cambio de que nos llenaran los bolsillos de dinero; o dejando morir solos a Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, y tantos otros que pusieron el acento en la justicia; o permitiendo que el territorio nacional se llenara de fosas comunes y las ciudades de ‘migrantes’; o aprobando, finamente, que el Estado delinquiera para enfrentar a los delincuentes, hasta condecorar como ‘patriotas’ a quienes lograrán exterminarlos.
Pero delincuencia no mata delincuencia. Al contrario, esa ecuación pactista y evasiva, que cede la legalidad a favor de un Estado mercenario, terminará devorándonos. Y entre sus fauces estamos.
Incluso si no fuera ilegal el gobierno, aún la promesa pacificadora de Uribe no sólo es incumplible, sino que ahonda y multiplica los mismos males que dice combatir: la cultura del matonaje, de la discordia, de la retaliación y del caciquismo.
Mientras Colombia necesita un pensamiento unitivo, en el discurso vengativo de Uribe hay un país donde no cabemos todos; y, en caso de caber, definitivamente no será con igualdad de oportunidades.
En vez de seguir alimentando nuestro milenario pacto mafioso, como si no mereciéramos gobernantes sino esbirros, o tuviésemos que llegar encañonados a la democracia, ¿porqué no le apostamos, sólo por esta vececita, a la ley?.
Marlene Singapur
Msingapur@yahoo.es